El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto que propone introducir modificaciones relevantes a la recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal.
La iniciativa busca ampliar el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y consolidar las garantías jurídicas para quienes decidan adherir, con el propósito de incentivar la formalización de activos y brindar mayor previsibilidad frente a futuras fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Eliminación de límites para el acceso al régimen
Uno de los cambios más significativos del proyecto consiste en la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al régimen simplificado. Con la normativa vigente, únicamente pueden optar por este sistema quienes no superen determinados parámetros económicos.
El proyecto elimina esas restricciones, permitiendo que prácticamente cualquier persona humana residente pueda adherir al régimen, independientemente del nivel de ingresos obtenidos o del patrimonio que posea.
Tratamiento diferenciado para Grandes Contribuyentes
No obstante, la iniciativa mantiene un tratamiento diferenciado para los contribuyentes incluidos dentro del universo de Grandes Contribuyentes.
Si bien podrán utilizar el régimen simplificado para determinar y cumplir con sus obligaciones en el Impuesto a las Ganancias, no accederán a los principales beneficios previstos por la Ley de Inocencia Fiscal.
En consecuencia, no gozarán del efecto liberatorio ni de las presunciones legales que limitan las facultades de revisión patrimonial del organismo recaudador, conservándose para ellos un régimen de fiscalización más amplio.
Fortalecimiento del «blindaje fiscal» y mayor seguridad jurídica
Otro de los aspectos centrales del proyecto es el fortalecimiento del denominado “blindaje fiscal”.
La propuesta incrementa las exigencias que deberá cumplir ARCA para cuestionar las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes adheridos al régimen simplificado. En adelante, el organismo deberá acreditar la existencia de discrepancias patrimoniales relevantes y contar con fundamentos objetivos suficientes para apartarse de la información declarada, elevando así el estándar probatorio requerido para iniciar ajustes fiscales.
En la misma línea, el proyecto procura otorgar mayor seguridad jurídica a quienes opten por este sistema. La intención es evitar que futuras modificaciones reglamentarias o cambios de criterio administrativo puedan afectar los beneficios reconocidos por la ley, consolidando mediante una norma legal las garantías otorgadas a los contribuyentes y reduciendo la incertidumbre respecto del tratamiento de los bienes y activos oportunamente declarados.
Incentivo a la formalización de ahorros
La iniciativa también mantiene el objetivo económico que inspiró la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal: incentivar la incorporación al circuito formal de los ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.
Para ello, el Gobierno considera indispensable ofrecer un marco de mayor confianza y previsibilidad, reduciendo el temor de los contribuyentes a futuras revisiones patrimoniales una vez regularizada su situación fiscal.
Impacto práctico y alcance de las fiscalizaciones
Desde el punto de vista práctico, la aprobación del proyecto implicaría una simplificación significativa en la determinación del Impuesto a las Ganancias para un universo mucho más amplio de personas humanas. Además, disminuiría el riesgo de cuestionamientos patrimoniales por parte de ARCA, ya que el organismo debería acreditar diferencias relevantes antes de desconocer las declaraciones presentadas por quienes adhieran al régimen.
Sin embargo, el proyecto no elimina las facultades de control y fiscalización del organismo recaudador. ARCA continuará ejerciendo sus funciones de verificación y control, especialmente en aquellos casos en los que existan indicios de evasión, maniobras fraudulentas o incumplimientos tributarios.
Tampoco modifica las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) ni las obligaciones vinculadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Del mismo modo, las investigaciones penales por delitos distintos de los estrictamente tributarios continuarán rigiéndose por la normativa vigente.
Una segunda etapa en la reforma fiscal
En definitiva, la propuesta legislativa representa una segunda etapa en la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal.
Mientras la norma original creó el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y estableció un esquema de protección para determinados contribuyentes, este nuevo proyecto pretende ampliar sustancialmente el universo de personas que podrán acceder a esos beneficios y fortalecer la estabilidad jurídica del sistema, procurando generar un marco de mayor confianza, previsibilidad y seguridad para quienes regularicen su situación tributaria.
Por Analia Álvarez MP 545
Estudio Álvarez y Asociados